Catedrática de Derecho del Trabajo por la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), Mª Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) ha centrado su carrera en el estudio y análisis del ámbito laboral, tanto en la docencia como en la política. Fue Consejera de Trabajo y Empleo de Castilla la Mancha entre 2007 y 2010 y Secretaria de Estado de Empleo entre 2010 y 2011. En 2014 llegó a la Secretaría de Empleo del PSOE para, dos años más tarde, ser elegida diputada socialista por Guadalajara. Sin embargo, no tardó en apartarse de la política para regresar a casa, es decir, al terreno universitario. Tras desempeñar un cargo de especialista senior en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ahora sigue colaborando como consultora en relación a la economía de plataformas. En esta entrevista, la experta explora el paisaje laboral de España y los principales retos que todavía tiene por resolver.
La tecnología está completamente asentada en la sociedad, en cualquier ámbito. ¿De qué manera está cambiando el escenario laboral a raíz de la expansión de las plataformas digitales?
Esto forma parte de algo más amplio: el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Las plataformas digitales han irrumpido en nuestra vida como empresas que generan actividad para una parte importante de la población y, ahora, el gran debate es si las personas que vemos que trabajan en las diversas plataformas que vemos a diario (y también las que no, porque mucha gente trabaja en plataformas online) son trabajadoras o autónomas. Estas organizaciones cuestionan el estatuto jurídico que se aplica al trabajo, porque ellas consideran que el que rige es el del autónomo y quienes trabajan consideran que es el de la persona asalariada. Y esta diferencia importante, porque los derechos varían. El tema aparentemente está resuelto, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que son trabajadores y no autónomos, y una ley que dice lo mismo.
¿Y a escala global?
Habría que valorar. El problema no es trabajar para una plataforma, sino los derechos laborales y de protección social que se reconocen. Hay muchos países, más allá de España, donde ya existe una normativa; por ejemplo, Francia, Chile o India. Lo que queda por resolver es si es necesario ir más allá y fijar una norma internacional. La OIT, de hecho, es tripartida y sus decisiones son acordadas entre Gobierno, sindicatos y organizaciones de empleadores. Pero aún no se ha decidido nada.
