El salario mínimo era de 735,9€ en 2018 y ha alcanzado los 1.000€ en 2022. La subida es nada menos que de un 35,9% en esos cuatro años y, a pesar de ello, se han superado los 20,54 millones de ocupados, cifra que constituye un récord histórico al rebasar incluso al mejor nivel de 2007 en plena burbuja inmobiliaria.
No es pues cierto que un aumento del salario mínimo produzca paro, como afirman expertos neoliberales fieles a su ideología e intereses por encima de los hechos. Evidentemente, el salario mínimo debe tener una razonable distancia con la mediana salarial, tal como el 60% propuesto actualmente, pero no hemos llegado a ese límite prudencial. Debe asimismo distanciarse del nivel de percepciones del ingreso mínimo vital para evitar la desmotivación laboral. Para evitar abusos debe exigirse además la aceptación de ofertas de trabajo y una inspección laboral más eficaz, pues España ha tenido siempre cifras de más de 1,5 millones de parados cuando recibía millones de inmigrantes que encontraban trabajo.
Es evidente que con ingresos de ese nivel se trabaja para sobrevivir y no se sale de la pobreza, y que la no existencia de un salario mínimo, como llegó a pedir un exgobernador del Banco de España, llevaría a hacer posible la explotación a niveles degradantes de quienes tuvieran que aceptar tales propuestas.
Además, la salud social y económica de un país es mucho mejor cuando todos pueden vivir con dignidad y satisfacer sus necesidades aumentando así la demanda. Los países sin clase media son inestables, padecen problemas de seguridad y su economía carece de demanda interna suficiente para lograr un alto desarrollo.
